NOTICIAS Y POLÉMICAS (PROCEDIMIENTO PENAL MARTA DEL CASTILLO EN SEVILLA)

Publicado por ysh en Marzo 6, 2009

Ya son varias las semanas de búsqueda de Marta del Castillo. Un operativo de más de 200 especialistas rastrea el cauce del río Guadalquivir con plena dedicación.

Miles, por no decir cientos de miles, de euros que salen íntegramente de las arcas públicas. Los costes procesales, de todas las diligencias de investigación, averiguación y demás pasos indispensables para dar luz a unos hechos presuntamente punibles, proceden del bolsillo de todos, de esos impuestos que una vez nos son expoliados entran en una caja común donde nunca se imputan partidas presupuestarias o gasto específico a un flujo de ingreso concreto (en este caso, todo lo que lleguen a aportar los familiares y amigos interesados en el esclarecimiento del crimen, por ejemplo).

Podríamos entender que semejantes gastos, sumados los de todos los procedimientos penales vivos en España, son sufragados con cargo a una especie de seguro procesal forzoso. Aunque resulte razonable la afirmación, no sucede de tal manera, ya que en ningún momento se nos informa de la cuantía de dicha prima procesal, aun cuando fuera obligatoria, articulada como impuesto especial. El presupuesto de justicia procede de la caja universal, no pueden haber tributos de imputación directa en este sentido (si en sanidad y protección del medio ambiente).

El caso de Marta del Castillo pone de relieve la ingente cantidad de dinero que resulta indispensable para dilucidar y tramitar satisfactoriamente determinados casos penales. La absorción del Poder judicial por parte del Estado, además de la práctica monopolización de la acción penal, tiene consecuencias como esta.

No estoy poniendo en duda que, dadas las circunstancias y el grado de intervención, se haga todo lo presupuestariamente posible para encontrar el cuerpo del crimen o las pruebas necesarias para sostener la acusación a los presuntos autores. Sencillamente intento llamar la atención sobre este punto, dentro de una reflexión general respecto a la asimilación de jueces y magistrados dentro de la estructura del Estado. Cuando reclaman su derecho a la huelga lo hacen en cuanto a su vínculo “laboral” con el pagador: Ministerio de Justicia. Su pretendida condición como poder público independiente queda en entredicho si apreciamos este extremo.

En una sociedad libre, sin Estado (entendido como estructura de dominación irresistible), quien quisiera prever situaciones extremas como esta (la tramitación procesal de un delito tan complejo y costoso), contrataría libremente un seguro procesal con una cobertura previamente especificada. La prima quedaría fijada de acuerdo con la “siniestralidad”, su coste medio y el número de asegurados. Estamos acostumbrados a no prever el infortunio, a dejar de mano de un Estado expoliador el coste de las desgracias que pudieran sucedernos. No nos damos cuenta de la gran diferencia existente entre el eventual coste de mercado y el coste de Estado que hoy padecemos.

Quien no contratase semejantes seguros se vería desprovisto de dicha cobertura, por lo que llegada una situación límite, en la medida que quisiera perseguir el crimen, debería desembolsar íntegramente los gastos requeridos. La responsabilidad nos exige tomar decisiones y valorar el riesgo que estamos dispuestos a asumir.

En cuanto a los marginales, las personas que por una razón u otra no pudieran siquiera pagarse una cobertura procesal, con toda seguridad, en ausencia de Estado, el reverdecimiento moral de la sociedad articularía mecanismos de caridad capaces de ayudar con lo necesario a quien se considerase víctima de un crimen.

Es un tema controvertido y complicado. He preferido ponerlo en relación con el caso de Marta del Castillo por varias razones: el operativo desplegado y su coste; el impacto mediático; la capacidad de los padres de la víctima de movilizar a miles de personas recabando su apoyo…

Dicho lo anterior, espero que todo termine cuanto antes. Que se encuentren las pruebas necesarias para sostener la acusación contra los presuntos autores. Que el coste de las diligencias no sea obstáculo para satisfacer el legítimo derecho de las víctimas de hallar el resarcimiento y la justicia debida.

http://lalibertadylaley.wordpress.com/2009/03/06/%C2%BFquien-paga-todo-esto/

A raíz de la polémica suscitada y surgida en estos días con el proceso por el crimen de Marta del Castillo, respecto de los costes resultantes de la investigación, ciertamente queda por aclarar un aspecto fundamental en toda sentencia o proceso judicial que abarca este tipo de procedimiento administrativo y es el asumir las costas del proceso judicial y de investigación...

Con frecuencia, cuando alguien estudia la posibilidad de acudir a los tribunales, nosotros los abogados siempre advertimos de la posibilidad de que si se pierde el pleito, el juez condene en costas, o por el contrario, anima a entablar acciones, si ganamos, el juez condenará al contrario a pagar nuestras costas.

Pues bien, es mejor comprender y conocer a qué se refieren y qué cubren las costas judiciales o procesales ya que algunas veces su impacto económico es casi tan importante como el del pleito en si mismo.

Tienen la consideración de costas determinados gastos que se originan durante la tramitación de un procedimiento judicial, exclusivamente en los siguientes conceptos:

• Los honorarios del Abogado y derechos del Procurador, cuando su intervención es obligatoria y necesaria.
  
• La inserción de anuncios o edictos que obligatoriamente deban publicarse durante la tramitación del procedimiento.
• Los honorarios de los peritos.
• Las copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos que se soliciten a los Registros Públicos, salvo que las solicite directamente el juzgado, en cuyo caso, serán gratuitos.
• Los derechos arancelarios (gastos de notario y / o notaria)
  

Inicialmente, cada parte debe abonar los gastos que vaya generando la defensa de sus intereses en el juicio. Será la sentencia que ponga el fin al procedimiento la que imponga al perdedor, la obligación de abonar al vencedor las costas que le ha originado la tramitación del procedimiento, o lo que es lo mismo, la condena en costas se contiene en la sentencia y debe abonarlas el que pierde el juicio.

En determinadas ocasiones las sentencias pueden contener una expresión o concepto similar al no hacer especial pronunciamiento en costas o bien, en la que cada parte abonará las costas causadas a su instancia, lo que significa que cada parte asumirá sus propios gastos independientemente que haya ganado o no el pleito.

Los juzgados no suelen condenar en costas en los procedimientos de familia (separación, divorcio, modificación de medidas... etc.) ni en los laborales.

Como se determinan las costas procesales o judiciales?

Esta es y se debe a la TASACIÓN DE COSTAS, procedimiento para solicitar el pago de esta condena, pero para comprender mejor este concepto vayamos al siguiente apartado...


TASACIÓN DE COSTAS

El llamado PROCEDIMIENTO DE "tasación de costas".

Se inicia mediante solicitud formulada por el abogado y procurador que han intervenido en el proceso y a la que se acompañan sus minutas y las facturas que justifiquen los gastos (de profesionales o por servicios) que tengan la consideración de costas del procedimiento.

La tasación de costas la practica el Secretario Judicial y no incluirá en la misma los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente, se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito o simplemente no se justifican.

También reducirá el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales que superen los límites establecidos (el importe máximo de la condena en costas es una tercera parte del importe que se reclamara en el procedimiento)

Al condenado se le comunica el importe al que ascienden las costas para que, si no está conforme, las impugne.

Los motivos que pueden alegarse en impugnación, son de dos tipos:

• Que las costas son excesivas, esto es, los honorarios presentados por los profesionales que intervinieron están por encima de las normas orientadoras o aranceles de sus respectivos Colegios o no responden realmente al trabajo efectuado.
  
• O bien, que las costas son indebidas, se han incluido partidas de gastos que no tienen el carácter de costas del juicio o procedimiento.
  

La impugnación de la tasación de costas se resuelve siempre mediante una auto del Tribunal por el que se determina con exactitud la cantidad que debe abonar el condenado, dandosele un plazo para que las abone de forma voluntaria. Si transcurrido éste periodo no ha pagado las costas, se podrá iniciar contra el deudor la vía de apremio o de ejecución sobre sus bienes. Lo que se conoce como orden de ejecución de embargo.

Las costas se ocasionan en cada instancia procesal, esto es, si contra una sentencia se interpone recurso de apelación, la sentencia que ponga fin al mismo puede contener a su vez una nueva condena en costas derivada de la tramitación del recurso de apelación.

LAS COSTAS Y EL DESISTIMIENTO

El demandante puede desistir, abandonar o renunciar a continuar con la tramitación del procedimiento en cualquier momento siempre y cuando no se haya dictado sentencia . En estos casos y respecto al pago de las costas, deben distinguirse dos situaciones: Si el demandado acepta el desistimiento, ninguno de los dos será condenado a pagar las costas del juicio; si por el contrario, no acepta el desistimiento, el demandante será quien deba pagar las costas procesales.

LAS COSTAS Y EL ALLANAMIENTO

Mediante el allanamiento el demandado reconoce que la acción judicial que está ejercitando contra él, el demandante es justa, o sea , que tiene razón.

En estos casos, si el demandado se allana antes de contestar a la demanda, o sea reconoce la causa o imputación por la que se origina el procedimiento , no será condenado en costas salvo que se considere por el juez que ha actuado con mala fe, esto es, por ejemplo ya se le ha reclamado la deuda o se ha intentado la conciliación judicial.

Por otro lado, si el allanamiento se realiza después de haber contestado a la demanda, el demandado será condenado a abonar todas las costas del procedimiento.

LAS COSTAS Y EL BENEFICIO DE LA JUSTICIA

Las costas y el beneficio de justicia gratuita

En cualquier caso, un abogado podrá ofrecer asesoramiento sobre todas estas cuestiones a la vista de las particularidades que presente cada supuesto concreto y a criterio.